Mujeres en movimiento  

nº 5 · 2003

Hay dos carencias comunes en todas las asociaciones de mujeres: el dinero y el tiempo.

¿Cómo se pasa de gestionar problemas a ser un solvente interlocutor político en el ámbito de las decisiones públicas?

Ciudadanas en activo

Soledad Murillo
es socióloga en la Universidad de Salamanca
Rocío Rodríguez
es socióloga y experta en trabajo y género.

"Ciudadanía activa: asociacionismo de mujeres", es el nombre de un estudio llevado a cabo para destripar las relaciones, el funcionamiento interno y los vínculos con la Administración de los grupos de mujeres en nuestro país. Sus autoras nos escriben sobre él.

El objetivo de la investigación (1) era pulsar los aspectos internos y externos de las asociaciones de mujeres; pero no tanto a partir del número de sus actividades y socias (datos que constan en el registro), sino de sus percepciones sobre tres puntos claves: sus redes y relaciones con otros grupos; su funcionamiento interno (la historia, la elección de sus ejecutivas, sus vínculos personales); y, su experiencia con la Administración (la negociación en ámbitos mixtos, su valoración del poder, el trato que les dispensan las corporaciones locales).

Este interés se tornaba más valioso, en la medida que teníamos ante nosotras un texto que aludía a la condición de participación de los colectivos: la Ley Orgánica de Asociaciones 1/2002, de 22 de marzo. Una ley que reserva distintas categorías para regular el derecho de asociarse. Por un lado están las organizaciones de "relevancia constitucional": los partidos políticos, los sindicatos, las entidades religiosas, los colegios profesionales y las agrupaciones de consumidores. Y por otro lado, las asociaciones denominadas de "utilidad pública" o sin ánimo de lucro. Detrás de este doble significado, "utilidad" y "relevancia", se esconde una diferencia material digna de análisis: la distinta fiscalidad de las subvenciones que reciben. Dato especialmente importante para los grupos de mujeres, porque si tenemos que señalar dos carencias comunes a todas ellas son el dinero y el tiempo.

La todopoderosa sensación de culpa

La participación implica disponer de tiempo, y si se trata de redes éste se duplica, ahí radica la dificultad; sin olvidar la falta de operatividad por las decisiones cuando éstas han de ser consensuadas reiteradamente, lo cual implica repetir y demorar la puesta en marcha de las acciones. El tiempo sigue siendo una asignatura pendiente en cuanto a su reparto. La mayoría de entrevistadas experimentan el estrés propio de quien gestiona "su" tiempo como un bien escaso. Por ello, cuando aparece un varón que comparte, adquiere las cualidades de la excelencia, no en vano las participantes han tenido que pasar por el tránsito de una negociación interna familiar: al pactar -o dar por hecho- el tiempo destinado a la vida en un colectivo, pero sin sacudirse la sensación de culpa que acompaña a toda decisión de invertir el tiempo en lo que a una le plazca (experiencia inaudita para un sujeto masculino).

Resulta curioso la energía gastada en atender cualquier demanda del ámbito doméstico y, en cambio, lo que se valora el tiempo cuando éste revierte en la propia agrupación. La dedicación familiar gana la partida. Motivos por los cuales, aquellas que lideran las actividades invierten una tasa muy alta de tiempo en la asociación, frente a las "socias" que sólo acuden puntualmente a la misma. La escasa participación es una preocupación por parte de todas las entrevistadas. Sólo unas pocas trabajan, lo que conlleva que muchas mantengan un doble papel: de socias y "usuarias" de su propia organización. "Se apuntan" a gimnasia, a una charla, pero ello no implica ofrecerse para adquirir responsabilidades; hecho clave a la hora de renovar la ejecutiva. Esto provoca que en la mayoría de las ocasiones, se genere un movimiento de delegación, pudiendo repetirse cargos de manera indefinida, porque las socias apelan a la falta de tiempo para asumir la ejecutiva de la asociación. Otra forma de solucionar esta tensión radica en establecer -en estatutos, si fuera preciso- una obligada alternancia. Otros colectivos optan por carecer de ejecutiva y depositar el liderazgo puntualmente en una socia (o socias) que se harán cargo de una tarea concreta. Finalizada la cual se vuelve a la denominada "horizontalidad".

Entre sus dificultades en relación a su organización interna, mencionan la falta de jóvenes, en una suerte de cantera que sustituya a las socias de mayor edad, así como la falta de reconocimiento que obtienen por parte de las administraciones. Ante los poderes locales se expresan dos posiciones: aquellas agrupaciones que se autodefinen como feministas, traducidas en grupos destinados a la formación, con una gran desconfianza hacia el papel que ejercen las redes institucionales, por entender que son demasiado reformistas, mientras que en una segunda posición, están las asociaciones de mujeres, que surgen en el marco de las políticas de igualdad y se decantan por actividades, no necesariamente vindicativas. Para nosotras -como equipo de investigación- el feminismo y el asociacionismo de mujeres, deben interpretarse como dos formas de participación en la vida pública, sin que esta diferencia suponga una justificación para marcar rangos que pudieran actuar como desencuentro entre las distintas asociaciones. Esta desunión resultaría un hecho muy grave para el movimiento.

El trato desigual y la indiferencia

Resulta clave que haya feministas en el poder que fomenten la ciudadanía activa, no que adquieran el papel formal que requiere desempeñar una concejalía de la mujer o una secretaría general como un cargo más. De ahí que haya sido predominante abogar por la creación de un Consejo de la Mujer de ámbito estatal, así como desvincular la presencia del mismo de las representantes institucionales (secretarias generales, o concejalas de la Mujer, que son "juez y parte"). Los grupos de mujeres perciben el trato discriminatorio a que les someten los poderes públicos. Lo normal es que los partidos políticos no reconozcan los logros conseguidos por muy importantes que hayan sido o que hayan ayudado a crear bienestar social. Para las administraciones el concepto "género" equivale a "tema", a "problemas" (los maltratos, los trastornos alimenticios, la menopausia...). La pregunta es ¿cómo se pasa de gestionar problemas a ser un solvente interlocutor político en el ámbito de las decisiones públicas?

Existe un grave desconocimiento del movimiento asociativo -además de las aportaciones teóricas y sociales del feminismo- por parte de los poderes locales, sin que se perciba éste como un déficit de su gestión pública. La actividad política sólo reconoce interlocutores públicos, aquellos movimientos con identidad colectiva. Esto es, aquellos con los que pueda realizar pactos: los iguales.

Dos son los obstáculos para alcanzar la igualdad: el primero, las reticencias respecto al poder, concibiéndolo como un terreno contaminante, y el segundo, considerar la política como una actividad ligada a partidos políticos, los cuales se suman a sus vindicaciones "para salir en la foto", pero sin más compromiso de continuidad, lo que genera un espontáneo rechazo, dejando así vía libre para que "otros" ocupen el poder y lo administren a su antojo. Además, aceptar ejercer el poder equivale a entregar tiempo a fondo perdido. No obstante, es evidente que hay que querer, porque el poder precisa de la voluntad de ejercerlo, en suma, de adquirir los compromisos que le son inherentes.

El segundo obstáculo es creerse que les falta legitimidad. La legitimidad se define como la aprobación y el reconocimiento y valoración de lo que se hace y de lo que se piensa. La legitimidad no es un espaldarazo moral, sino la aceptación de que las asociaciones son interlocutoras públicas, nudos de una red ciudadana que buscan participar en las decisiones. Los colectivos deben acreditar -políticamente- sus acciones, puesto que la práctica habitual y la propia dinámica asociativa se decanta más por hacer un inventario anual (requisito para los organismos que subvencionan) que por convertir éste en una baza política para establecer pactos con los poderes locales.

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(1) La iniciativa parte del Consejo de la Mujer de Madrid, sumándose al proyecto otras entidades. La investigación ha sido editada por el Instituto Asturiano de la Mujer, Institut Balear de la Dona, Instituto Extremeño de la Mujer, Coordinadora de Castilla y León para el Lobby Europeo de Mujeres y los consejos de la Mujer de Gijón, Cantabria, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y Burgos (2003).