Mujeres en Movimiento
(7) David Ortiz Martín, exPresidente del Consejo de la juventud de España, hace una interesante comparación entre la representatividad de los trabajadores por los “sindicatos más representativos” y la de los jóvenes por el Consejo de la Juventud elegido democráticamente por las organizaciones juveniles. En “Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres” Forum de Política Feminista, 2005, página 26.
(8) www.fundacionlealtad.org
(9) David Sogge y otros. Editorial Icaria, 1998
Se llama tercer sector a tres cosas diferentes
Los proyectos destinados a mujeres obtuvieron sólo el 8,82% de la convocatoria 2003 del 0,52 de IRPF
la intensidad de “lenguaje experto” huele a la profesionalizacion de estas ONGs
Es necesario un debate social sobre el papel del tercer sector
La representatividad se basa en la legitimación popular de todo poder
En cuestión de financiación de las ONGs confluyen dialécticas entre la idea de que “quien paga manda”
Las Feministas y el plan estratégico del Tercer Sector 2006- 2010
Begoña San José. Presidenta del Forum de Política Feminista
Una panorámica del colectivo de las mujeres en el Tercer Sector
El 27 de octubre de 2005 la Plataforma de ONGs de Acción Social ha presentado a otras ONGs un avance del Plan Estratégico del Tercer Sector 2006-2010 que presentará en diciembre a aprobación del Consejo de ONGs de Acción Social presidido por Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, culminando así un año de trabajos en los que la participación del conjunto de organizaciones feministas y de mujeres por la igualdad ha sido escasa.
1.- ¿Qué es el tercer sector?
La pregunta es triplemente pertinente
en Cuadernos de Mujer y Cooperativismo,
como publicación
que trata de feminismo y de cooperativas,
porque se llama tercer sector
(el primero lo constituyen las
empresas o mercado y el segundo
el estado) a tres cosas diferentes:
- las feministas, a la producción doméstica no mercantil, al trabajo realizado gratuitamente en el hogar, mayoritariamente por mujeres, para cuidar de niños y mayores dependientes, cocinar, limpiar y atender a la familia sin obtener remuneración monetaria. Es un trabajo que según la medida 206 de la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer Beijing 1995 deberían medir las estadísticas oficiales, y algunos trabajos realizados en España estiman produce una cantidad equivalente al 40% del PIB.
- las cooperativas y empresas de economía social, a las entidades de economía social, que compiten en el mercado pero no tienen fin de lucro.
- las ONGs de acción social, a las entidades privadas sin fin de lucro, que también producen bienes y servicios, y se estima ocupan a 350.000 personas remuneradamente (el 2 % de la Población Ocupada), mujeres en un 70% y a más de un millón de voluntarios.
2.- Las organizaciones sociales,
entre la economía y la política
El asunto que nos trae pasa no sólo
por el concepto económico de
"tercer sector", sino por el político
de "sociedad civil", ligado al de ciudadanía
y que la Comunidad Europea
define como "el conjunto de
todas las estructuras organizativas cuyos miembros prestan servicio al
interés general por medio de un
procedimiento democrático basado
en el discurso y el consenso y
sirven como mediadores entre las
autoridades públicas y los ciudadanos1"
y afirma que es una escuela
para la democracia en la medida en
que la existencia de la participación
ciudadana es condición previa para
una "democracia inteligente".
Aunque las estructuras organizativas de la sociedad civil abarcan todo tipo de asociaciones, el concepto "diálogo social" se ha restringido a la interlocución de uno de los tres poderes del estado, el gobierno, con los sindicatos y organizaciones empresariales mayoritarios, acuñándose el término "diálogo civil" para incluir a las organizaciones sociales: vecinales, feministas, ecologistas, juveniles, de mayores, de derechos humanos, de cooperación al desarrollo, etc.
Por ejemplo, la maltrecha Constitución Europea de 2004 alude 39 veces al Comité Económico y Social, que estará compuesto por un máximo de 350 miembros "representantes de las organizaciones de empresarios, de trabajadores y de otros sectores representativos de la sociedad civil, en particular en los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural." En sus artículos I-48 y III-209 reconoce el diálogo social como parte de la política social europea, y, tras la movilización de la Plataforma Social constituida por 40 redes o coordinadoras de ONGs de carácter social, incluyó el artículo I-47 sobre el principio de democracia participativa, por el que "las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil", la Comisión "mantendrá amplias consultas" y se reconoce la iniciativa ciudadana ante la Comisión con al menos un millón de firmas.
El Dictamen del Comité Económico y Social sobre "El fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa" (CES 118/98) valora la contribución de las asociaciones en estos ejes:
a) la ciudadanía activa, la representación de intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos y la democracia participativa. Sirven para hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar cambios.
b) la afirmación de valores, la defensa de los derechos humanos y la persecución activa de ideales como la igualdad, la justicia, la solidaridad o la paz.
c) la prestación de servicios en los ámbitos en que ni el mercado ni el estado cubren las necesidades (principio de subsidiariedad) y la integración de los más débiles en la sociedad.
d) la creación de empleo, el desarrollo del espíritu de empresa.
e) la diversidad cultural y "dada su raigambre local" la preservación de la democracia directa o inmediata ante el alejamiento de los centros de decisión política.
Las líneas de trabajo propuestas en el Dictamen del CES son:
a) fomentar la colaboración entre las asociaciones "para poder emitir opiniones unánimes sobre los temas de interés común" y "fortalecer su representatividad cooperando entre sí (puntos 6.3 y 7.8)".
b) que las redes y coordinadoras se den a conocer y procuren estar representadas ante las instituciones europeas y estatales (idem).
c) formación y mejora de la gestión de recursos humanos, tanto de personal contratado como de voluntariado, representantes y directivas (punto 6.5).
d) diálogo eficaz de los poderes públicos con redes de asociaciones bien asentadas y representativas (puntos 5.3, 7.3 y 7.10) en órganos consultivos. e) mejorar la cantidad y calidad del empleo generado p
or las organizaciones sociales (punto 7.6).
f) asignar valor a las contribuciones voluntarias de sus socios/as (punto 7.11).
3.- Las organizaciones de carácter
social en España y el 0,5%
del IRPF
En 2003, al calor del debate sobre
la Ley de asociaciones2 y sobre la
distribución de la parte del 0,5 %
del IPRF que los contribuyentes
asignan no a la Iglesia católica, sino
a "otras entidades de carácter
social", se publicaron dos importantes
estudios: "El tercer sector
social en España" , realizado por
Cruz Roja bajo la dirección
de Víctor Pérez Díaz
y Joaquín P López Novo y
editado por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales,
y "Las entidades
voluntarias de acción social
en España" coordinado
por Gregorio
Rodríguez Cabrero y editado
por Foessa y Cáritas. Ambos
se basan en datos del Ministerio
de Trabajo relacionados con la
gestión del 0,52% del IRPF, y por
ello excluyen a un sector importante,
cuantitativa y cualitativamente,
de las ONGs, que son las
de cooperación internacional al
desarrollo, que son más de 400.
Un 32% de los contribuyentes asignan el 0,5% de su impuesto sobre la renta a la Iglesia Católica, a quien se adelantan unos 162 millones de euros anuales por este concepto3. Del resto un 80% es distribuido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mediante convocatoria pública entre organizaciones de carácter social, que en 2003 supuso 92.825.293 €. El otro 20% lo gestiona el Ministerio de Exteriores, en el marco de 360 millones de euros anuales para cooperación internacional gestionada por ONGDs.
Siendo las organizaciones de mujeres el 11,7 % de las organizaciones de carácter social, los proyectos destinados específicamente a mujeres obtuvieron sólo el 8,82% de la convocatoria 2003 del 0,52 de IRPF. La "particularidad" de que las mujeres seamos más del 50% de la población y casi dos tercios de las personas de edad avanzada -destinatarias del 21,5 % de estas subvenciones- exigiría un análisis con perspectiva de género de todos los programas
Además, la atomización organizativa del movimiento feminista y de mujeres le perjudica en esta vía de financiación, que prima a las grandes organizaciones, lo que beneficia especialmente a Cruz Roja y Cáritas, que recibió en 2004 (en la resolución de la convocatoria de 2003) el 12,8% del total de las subvenciones concedidas en los programas de mujer. De las 73 organizaciones subvencionadas, un tercio (25) concentraron las tres cuartas partes de las subvenciones. El 36% de ellos fueron contra la violencia de género mediante Casas de Acogida Servicios de Atención Jurídica y Psicológica para mujeres maltratadas.
El estudio "El tercer sector social en España" cifra en 28.418 las organizaciones españolas de carácter social en 2002, de las que 25.447 son asociaciones, 1.240 fundaciones, 267 entidades religiosas y 47 cajas de ahorro. De ellas 3.313 son de mujeres y tienen a las mujeres como principal colectivo de atención.
4.- La Coordinadora y el Consejo de ONGs de Acción Social
En mayo de 1998, después de que CIU planteara en el Parlamento la necesidad de "ordenar" las subvenciones con cargo al 0,5% del IRPF, varias de las grandes ONGs de acción social se reunieron en el Palacio de la Moncloa con el entonces Presidente Aznar. En 1999 se constituyó una Mesa de Diálogo constituida por representantes de ONGs y de los Ministerios de Presidencia, Trabajo y Hacienda; el 13 de abril de ese año el Congreso de Diputados aprobó una moción para la reforma del Sector de Ámbito Social(4) y en diciembre el gobierno aprobó el Real Decreto 1910/1999 de creación del Consejo de ONGS de Acción Social con una composición discutible y una decena de funciones informativas y consultivas, entre ellas emitir informe sobre las bases y resolución anual del 0,5% del IRPF y sobre la situación de las propias ONGs y sus propuestas de política social.
Para coordinar a las ONGs y proponer sus representantes para que los designara el gobierno (esa fea práctica de que los representantes de las organ i z a c i o n e s no-gubernamentales sean designados por el gobierno...) se creó la Coordinadora de ONGs de Acción Social, que se formalizó en mayo de 2002 y en la actualidad agrupa a 14 asociaciones y 2 fundaciones entre las que se encuentran las más grandes y antiguas de España, como ONCE, Cruz Roja y Cáritas, que entre las tres gestionan el 39,2% del presupuesto de las 28.418 organizaciones de carácter social en España, junto a la Asociación Española Contra el Cáncer, las Coordinadoras de Minusválidos Físicos COCEMFE y de Personas con Discapacidad Intelectual FEAPS y dos asociaciones de mujeres: la Federación de Mujeres Progresistas y la Federación Nacional de Mujer Rural.
El nuevo gobierno del PSOE ha modificado la composición y funciones del Consejo mediante el Real Decreto 235/2005 (BOE de 18.03.2005) que establece que cinco "colectivos vulnerables" -discapacidad, mayores, juventud, población gitana, migrantes/asilados- estarán representados por sus Consejos estatales, mientras que los representantes de las ONGs de atención a otros seis colectivos (infancia/ familia, mujeres, drogodependencia, SIDA, gays y lesbianas y presos) serán de designación gubernamental (Art. 5.3) "a propuesta de las ONGs mediante convocatoria pública".
La nueva regulación del Consejo de ONGs de Acción Social además atenúa el papel de los "expertos" cuya designación gubernamental se hace con consultas a las ONGs, pero prima como miembros "natos" de su comisión permanente, es decir, no elegidos por el Pleno del Consejo, a las organizaciones "generalistas", que el artículo 5.2 define por alguna de estas seis características:
1. actuar para al menos en 4 de los 11 "colectivos vulnerables".
2. trabajar en el fortalecimiento y la defensa de los intereses del tercer sector de acción social.
3. agrupar organizaciones que intervengan preferentemente en la erradicación de la pobreza y la exclusión.
4. agrupar organizaciones de desarrollo rural.
5. dar servicios técnicos y de calidad a organizaciones del tercer sector.
6. agrupar organizaciones de fomento y coordinación del voluntariado social.
A mi juicio la intensidad de "lenguaje experto" en este apartado no huele precisamente a democracia participativa, sino a la profesionalización de estas ONGs, la presunción de que las grandes representan a las pequeñas, la banalización de la dependencia religiosa o política de algunas de ellas y la creación de una nueva tecnocracia, que contradice los requisitos típicos del perfil de las organizaciones de carácter social5:
1. tener como elemento central recursos humanos y materiales de carácter voluntario.
2. autonomía decisoria, orgánica e institucional respecto a gobiernos y partidos.
3. actuar como agentes de cambio social a favor de un mundo más justo, equitativo y pacífico.
4. mecanismos transparentes y participativos de funcionamiento.
Las organizaciones de mujeres tenemos especialmente difícil la participación en los fines y funciones del Consejo de ONGS de Acción Social, aunque sus consecuencias nos afecten de pleno. Nuestra atomización y la discriminación gubernamental al no aceptar nuestra demanda de creación de un Consejo estatal de las Mujeres6 - 22 años después de la creación del Consejo de la Juventud, y mientras la mitad de los once llamados colectivos vulnerables, tienen un consejo mejor o peor de participación: discapacidad, mayores, juventud, población gitana, migrantes/asilados- nos excluyen del artículo 5.3 que prefigura parcialmente el Consejo de ONGS como un Consejo de Consejos, al establecer que "en el caso de existir consejos sectoriales constituidos, las candidaturas de las organizaciones correspondientes serán propuestas por dichos consejos".
Creo que el descenso a segunda categoría de las organizaciones de mujeres responde más a la minoría de edad que nos ha excluido tradicionalmente de los derechos políticos que a nuestra falta de presencia y capacidad de transformación social.
5.- El Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 2006-2010.
Por encargo de la Coordinadora de ONGs de Acción Social, la consultora Folia ha hecho en 2005 un diagnóstico de 214 páginas sobre las fortalezas y debilidades actuales de las ONGs de Acción Social en España, que junto con unas pinceladas verbales de las posibles líneas de actuación del I Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 2005- 2010, la Coordinadora presentó a algunas otras ONGs el 27 de octubre de 2005 en Madrid.
El diagnóstico se sitúa en dos coordenadas, la ideológica y la económica, siendo uno de sus aciertos la interacción entre ambas.
Construyendo la identidad: La Coordinadora define el tercer sector de acción social, como el ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, que surgidas de la libre iniciativa ciudadana funcionan de forma autónoma y tratan, por medio de acciones de interés general:
- de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.
- de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones.
- y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar.
Sin embargo las 28.000 organizaciones son diferentes no sólo en el tamaño de sus recursos humanos y materiales, sino en el peso relativo que en ellas tienen algunas de esas señas de identidad: voluntariado respecto a personal remunerado, concurrencia o no con entidades con fin de lucro en la prestación de servicios, dependencia o independencia ante las subvenciones públicas, prioridad del asistencialismo o la participación y movilización social, etc. Esa heterogeneidad prima sobre la identidad colectiva por la débil conciencia de pertenencia por parte de las organizaciones.
La "desnaturalización" debida a la mercantilización o burocratización, a concepciones residuales de asistencialismo caritativo o al énfasis excesivo en la búsqueda de recursos afectan a la identidad del sector, que ha sido construida especialmente por las grandes entidades, interesadas en ser consideradas institucionalmente como potenciales delegadas de la prestación de servicios. Es necesario un debate social sobre el papel del Tercer Sector en el estado de bienestar y una permanente capacidad de autocrítica y de identificación con las causas sociales concretas, para superar la fragmentación y los conflictos de intereses.
Estas dificultades para el consenso sobre la identidad común del Tercer Sector impiden proyectar una imagen clara hacia la población en general, la Administración, las empresas y sus propios socios. Según un estudio del CIS en 2004, el 58% de la población tiene mucha o bastante confianza en las ONGs, otorgada sólo por el 20% a los partidos políticos y por el 32% a los sindicatos .
La presencia o visibilidad de las ONGs en los medios de comunicación implica riesgos de asumir la lógica del espectáculo y entretenimiento que rige la comunicación de masas, 'vender' a los ciudadanos-consumidores buena conciencia a cambio de donativos, o presentar una imagen falsa, distorsionada o superficial, reducida sólo a lo curioso o lo anecdótico, cuando no el tremendismo o 'pornografía humanitaria' de una realidad social injusta. De ahí que la Coordinadora de ONGs de Desarrollo acordara en 1989 un Código de Conductas sobre imágenes y mensajes. Lograr la credibilidad social depende en gran medida de la transparencia en la gestión y en la comunicación, pero la evaluación de los resultados y de la relación esfuerzo/ resultados es poco frecuente.
6.- Representatividad, financiación, autonomía y empleo en las ONGs.
Sin perjuicio de que el concepto de democracia participativa complementa el de democracia representativa, la representatividad es esencial para cualquier democracia, que se basa en la legitimación popular de todo poder. El Parlamento, como máxima expresión de democracia representativa, se basa en sistemas electorales en los que la participación social, consus problemas, no es puesta sustancialmente en cuestión. El "diálogo social" de los poderes públicos con las organizaciones empresariales y sindicales se basa para estas últimas en elecciones sindicales en un número considerable de empresas, la regulación legal de su procedimiento, el registro público de sus resultados y el concepto de "sindicato más representativo" que en el ámbito estatal confiere a CCOO y UGT, con algo más de los dos tercios de delegados, la representación de los trabajadores7 . Como hemos visto antes, la Unión Europea, que da tímidos pasos hacia el diálogo con las organizaciones sociales, insiste siempre en que se legitimen por su representatividad.
Hay dos sistemas básicos de medir la representatividad de las ONGs: uno es por los recursos materiales y humanos (el número de personas voluntarias, empleadas, socias, usuarias de sus servicios, beneficiarias de su trabajo) y otro es el de las coordinadoras, en las que un número significativo de ONGs se coordina y elige democráticamente representantes. Hasta ahora en España el Estado ha primado el primer sistema, que tiene tres grandes handicaps: la sustitución de la elección democrática por la cooptación gubernamental, el círculo vicioso del clientelismo y la falta de fiabilidad de los datos de recursos humanos de las ONGs, porque no son fácilmente comprobables ni comparables.
En la álgida cuestión de financiación de las ONGs confluyen dialécticas entre la idea de que "quien paga manda" que lleva a algunas como Amnistía Internacional a no solicitar ninguna subvención pública, mientras otras enfatizan que el interés social de su actividad no sólo justifica, sino que exige su financiación parcial con fondos públicos e incluso vía responsabilidad social de las empresas.
Cara a esta última vía, que en la actualidad financia el 5% del presupuestos de las ONGs de cooperación internacional desarrollo, la Fundación Lealtad8 ha presentado en junio de 2005 su Guía de la transparencia y las buenas prácticas de las ONGs 2005. 40 empresas españolas han acordado este año 2005 acciones de colaboración con 100 ONGs que cuentan con 1.150.000 socios, 37.000 voluntarios y 11.500 empleados, así como 653 millones de euros de presupuesto anual, el 41% de los fondos estimados para todas las ONGs de acción social y de desarrollo. El 44% de los recursos de esas 100 ONGs son privados, aunque la procedencia de los ingresos es muy variada y algunas, especialmente en el sector de acción social, no tienen ni siquiera el 10% de fondos privados.
Muy paralela a la dialéctica sobre la financiación, transcurre la de la profesionalización de cargos y contratación de personal remunerado en las ONGs y su relación -no sólo cuantitativa, sino cualitativa- con el personal militante o voluntario. Cuando el problema se analiza exclusivamente desde el punto de vista económico, se valora o fomenta la creación de empleo por las ONGs, que al ser muy intensivas de mano de obra y muy baratas en la prestación de servicios -por la no valoración de las aportaciones voluntarias y la baja retribución comparativa de su feminizado personal remuneradoson una opción tentadora para abaratar los costes del Estado de Bienestar.
"Compasión y cálculo"9 es el sugerente título de un estudio sobre el papel social de las ONGDs, y ser consciente de lo que de una y otro hay en nuestro interior y en nuestra relación con los poderes públicos y privados debe ocupar parte de nuestra reflexión individual y colectiva si no queremos perder lo mejor de nuestro capital humano y nuestra credibilidad social. La crítica feminista de la desvaloración del trabajo doméstico es una herramienta útil para analizar la economía sumergida de las ONGs y dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También lo es la cultura de las cooperativas y la economía social, puente entre la eficiencia económica imprescindible para sobrevivir y la utopía que construye otras relaciones y estructuras económicas y sociales.
Ojalá que al movimiento feminista los árboles de nuestras reivindicaciones específicas no nos impidan ver el bosque de las compartidas con otros movimientos sociales y ser parte activa en este momento histórico de la búsqueda por las ONGs de su espacio en una democracia participativa, social y paritaria de hombres y mujeres.
