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El 60% de la población no confía en las medidas de protección

El autentico desafico es conseguir hacer realidad los derechos de las mujeres

Para muchas el paso por los juzgados resultó traimático

Más allá del papel: hacer realidad la protección y la justicia ante la violencia de género

Amnistía Internacional

Un informe sobre la violencia de género en el ámbito familiar en España Fuente: Revista Amnistía Internacional (nº 73 junio - julio 2005)

1. Introducción

"Tengo 59 años, me casé hace 38, tengo cuatro hijos. A los tres meses de tener a mi primer hijo ya me dio la primera paliza. A los cuatro o cinco años de casarme, cuando tenía los tres pequeños, le dije a mi madre que yo no podía aguantar más, que me iba, que se quedara ella con los niños. Y mi madre me dijo que cuando una mujer se casaba con un hombre era para toda la vida. Bueno, para toda la vida fue, han sido 38 años. Pero no ha sido una vida, ha sido un infierno.

Cuando AI la entrevistó, Teresa (nombre ficticio) llevaba más de nueve meses encerrada en su casa, con las persianas bajadas, por miedo a que las amenazas de su marido se hicieran realidad. Intenta hacerle creer que ha abandonado la ciudad. Su abogada insiste en que le denuncie. Ella está convencida de que si lo hace será peor. Si la quiere matar, lo hará. No confía en las medidas de protección.

No es un caso aislado. El 60 por ciento de la población tampoco lo hace. Así lo recoge la encuesta de marzo del 2004 del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Cuando en diciembre de 2004 fue aprobada en España la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género se estaba dando respuesta a un largo proceso impulsado por las organizaciones de mujeres, que reclamaban una acción global para acabar con el maltrato y la violencia de género. AI acogió con satisfacción esta medida, que suponía una mejora de la protección jurídica de los derechos de las mujeres. El auténtico desafío consiste en hacer realidad los derechos de las mujeres, eliminando los obstáculos que las mujeres se encuentran desde que ponen una denuncia.

2. Miedo de denunciar

El informe que AI presentó el pasado mes de abril, Más allá del papel. España: Hacer realidad la protección y justicia ante la violencia de género, es resultado de una investigación basada en casos y testimonios de mujeres maltratadas. El informe se propuso reconstruir el itinerario o recorrido seguido por mujeres víctimas de violencia de género en España, en su búsqueda por ponerse a salvo. Un recorrido que en muchos casos se convierte en una carrera de obstáculos.

Durante años la sociedad consideró como una virtud en las mujeres el no acudir a las autoridades para denunciar los abusos en la familia y en las relaciones de pareja. La discreción terminó amordazándolas. Mujeres como Marta (nombre ficticio) revelan la presión de sus familias para que aguanten al lado de sus agresores, alegando razones como "tienes que aguantar, porque Dios lo ha querido" o "en el fondo es buena persona, tienes que aprender a llevarlo [..] Tienes que aprender, cuando beba, a no provocarlo".

La nueva ley integral está basada en la denuncia. Sin embargo, el 95 por ciento de las mujeres nunca llega a denunciar. No sólo por la persuasión de su familia. Para Piedad Ochoa, de la asociación de mujeres víctimas Miriadas, el miedo es lo que les impide llegar a denunciar: "El miedo a que en el momento en que tú denuncies provocas una reacción en el agresor que es imprevisible, y que ella supone que es: me mata".

Para María Naredo, responsable del área de mujeres de AI España, las mujeres encuentran numerosos obstáculos a lo largo del recorrido: "Desde las mujeres que no salen de su domicilio y rompen la relación violenta, porque no confían en las instituciones, porque no confían en que se les vaya ayudar, se les vaya a dar la protección que necesitan. Hasta las mujeres que se plantean acudir a un centro de emergencia, a una casa refugio y están viendo cómo su libertad y sus decisiones más personales no están siendo atendidas por las profesionales que las están llevando en esas casas".

3. Personal poco preparado

Pero una mujer maltratada siempre irá a un centro de salud. Sin embargo, se encuentran con personal poco preparado para atenderlas. La falta de tiempo de los médicos para atender a sus pacientes impide cualquier análisis en profundidad para detectar un caso de violencia doméstica. Nadia (nombre ficticio) sufrió durante años agresiones que casi la llevaron a la muerte y le ocasionaron importantes lesiones neurológicas. Su marido siempre estuvo presente en todas las revisiones, pese a ir con fracturas o mordeduras en su cuerpo.

A través de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, por primera vez se reconoce que "todas las mujeres víctimas de violencia de género con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social tienen garantizados los derechos de esta ley".

A pesar de ello, muchos colectivos encuentran obstáculos para acceder a los recursos de ayuda: es el caso de inmigrantes sin papeles, mujeres con enfermedades mentales, portadoras del VIH, alcohólicas y toxicómanas, prostitutas o mujeres con antecedentes policiales. En muchos casos, mujeres con discapacidades físicas o sensoriales no han tenido acceso a los recursos de acogida, simplemente porque no se habían habilitado medios para responder a sus condiciones particulares.

AI constata que en la mayoría de los recursos de acogida de todo el Estado se impide la entrada a mujeres que lleven consigo hijos varones mayores de 14 años. Una norma que obliga a muchas mujeres a elegir entre la seguridad y sus hijos. En algunos casos, ante la falta de plazas, se deriva a las mujeres a hostales y pensiones que carecen de medidas de seguridad y de atención a las víctimas. Los albergues para indigentes se convierten en muchos casos en centros de emergencia para mujeres que huyen de sus casas.

4. Falta de información

La falta de información de estas mujeres, que desconocen sus derechos, las hace vivir situaciones de gran incertidumbre. Para muchas el paso por los juzgados resultó traumático. Ana (nombre ficticio) relataba así su experiencia: "Presenté un montón de pruebas y me dijeron que estaba abusando de la justicia. Yo le dije a la secretaria de allí: ¿cómo hay que venir aquí?, ¿medio muerta para que te hagan un poquito de caso?".

La respuesta de la justicia muchas veces es frustrante para las mujeres. En el informe de AI se citan sentencias que no tienen en cuenta informes médicos o testimonios de testigos. Una de las sentencias recogidas en el informe absuelve al agresor al no encontrar intención de matar o causar daño a la víctima, a pesar de que lanzó su coche contra ella y sólo se detuvo porque una de las piezas del vehículo se rompió. Otra concluye que el agresor no tenía intención de matar a su mujer e hijos porque "prendió fuego con una botella de gasolina a la puerta del patio y no a la de la entrada principal de la vivienda" y que cuando arrojó alcohol a su esposa lo hizo sólo "para atemorizarla y convencerla de que volviera con él".

Al final de todo el proceso, las mujeres no encuentran garantías por parte del Estado para recibir la indemnización y reparación a la que tienen derecho según la normativa internacional. Para María Naredo, "no sólo tienen derecho a una indemnización, sino a una rehabilitación completa que las devuelva al sitio en el que estaban antes de sufrir la violencia".

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